El control político examinará permisos, clausuras y actuaciones de las autoridades.
El 29 de octubre de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos una resolución para fiscalizar la explotación de áridos y pétreos en el Distrito Metropolitano de Quito. La actuación busca verificar autorizaciones, controles y respuestas institucionales ante denuncias de extracción no autorizada y posibles impactos ambientales. La resolución abre una fase de obtención y análisis de información; no equivale a una sentencia ni constituye, por sí misma, una sanción contra operadores.
Disposiciones clave
1. Autoridades requeridas:
La Asamblea solicitó documentación al Municipio de Quito, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Autoridad Ambiental Nacional y Policía Nacional. La solicitud comprende actuaciones de autorización, regulación, vigilancia y coordinación interinstitucional.
2. Plazo y documentación:
Según el comunicado legislativo, las entidades requeridas cuentan con diez días para remitir
información. El requerimiento se dirige a autoridades públicas; no debe confundirse con un nuevo plazo general impuesto a titulares de permisos o concesiones privadas.
3. Período examinado:
La fiscalización revisará la actuación institucional desplegada entre 2024 y 2026 en áreas de explotación de materiales áridos y pétreos. Entre los asuntos de interés figuran el seguimiento de actividades, la ejecución de clausuras y la respuesta a denuncias.
4. Componente ambiental:
La Asamblea mencionó posibles afectaciones a fuentes de agua, suelos, ríos y comunidades. Las referencias son asuntos por investigar y no acreditan, por sí solas, responsabilidad de una empresa determinada ni la existencia de daño ambiental jurídicamente probado.
5. Etapa siguiente:
La Comisión de Seguridad Integral recopilará y contrastará los antecedentes, podrá solicitar
documentos y convocar autoridades o especialistas, y elaborará un informe al Pleno con conclusiones y recomendaciones respaldadas.
6. Prevención empresarial:
Los operadores del sector deberían ordenar su expediente: títulos y habilitaciones, permisos ambientales, inspecciones, medidas de cierre y comunicaciones con autoridades. Cualquier eventual procedimiento sancionador exigirá su propio marco legal y garantías de defensa.