Una respuesta estructural a la corrupción y al deterioro institucional en ecuador
El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos afirmativos la Ley Orgánica de Integridad Pública, presentada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. Esta normativa representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional y la mejora de la gestión pública, incorporando reformas a cerca de 20 cuerpos normativos.
Ejes clave de la reforma
Reestructuración del sistema público para mayor transparencia y control: La nueva ley modifica más de 20 cuerpos normativos y se articula sobre cuatro ejes fundamentales:
1. Contratación pública:
- Endurecimiento de los requisitos de idoneidad para contratistas.
- Auditorías preventivas obligatorias.
- Depuración del Registro Único de Proveedores.
- Inclusión de cláusulas anticorrupción obligatorias.
2. Fortalecimiento institucional:
- Evaluación periódica y obligatoria de funcionarios públicos.
- Prohibición de recontratación inmediata tras destitución por corrupción.
- Control externo sobre los informes de gestión institucional.
3. Gestión pública integral:
- Declaratoria de emergencia judicial para descongestionar causas represadas.
- Fortalecimiento de la transparencia en la asignación presupuestaria.
- Obligación de rendición de cuentas anual para todas las entidades del Estado.
4. Seguridad y justicia:
- Penas de hasta 15 años para adolescentes en delitos de crimen organizado.
- Expulsión automática de extranjeros con condenas penales ejecutoriadas.
- Medidas contra el uso de menores por bandas delictivas.
- Sanciones severas por prevaricato y corrupción judicial.
5. Efectos e implicaciones prácticas:
La Ley de Integridad Pública transforma el funcionamiento de las entidades del sector público mediante medidas de control, transparencia y responsabilidad. Entre sus implicaciones más relevantes se encuentran:
- Mejora de la eficiencia en la ejecución presupuestaria.
- Fortalecimiento del sistema judicial y sus mecanismos disciplinarios.
- Reducción de espacios de impunidad en la administración pública.
- Fortalecimiento del Banco Central del Ecuador como ente técnico.
- Nuevo marco normativo para la Junta de Política y Regulación Monetaria.
6. Vigencia:
La ley entrará en vigor una vez publicada en el Registro Oficial. Las instituciones deberán iniciar un proceso de adecuación normativa y operativa, bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado y otras entidades de control.
