Asamblea aprueba reformas para mejorar conectividad y fortalecer la seguridad jurídica en el sector
El 23 de abril de 2025, con 92 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esta reforma constituye la ley número 56 del actual período legislativo y representa un avance significativo en el fortalecimiento del marco legal para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
La nueva normativa modifica puntos esenciales de la ley vigente desde 2015, enfocándose en mejorar la conectividad en zonas rurales y de frontera, eliminar trabas burocráticas, canalizar inversiones de forma directa y reforzar la seguridad jurídica en los procedimientos regulatorios. Su aprobación ha sido vista como un acto de justicia social para el «Ecuador profundo», según destacaron varios asambleístas.
Disposiciones clave
Modificación del artículo 39: autorizaciones a empresas públicas
Se establece un régimen claro de autorización para que las empresas públicas presten servicios de telecomunicaciones, siempre bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Esto busca transparentar y ordenar el ingreso de nuevos actores públicos al mercado.
Nueva redacción del artículo 91: inversión prioritaria en conectividad
Se dispone que el 1% de la facturación de las operadoras se invierta prioritariamente en proyectos de conectividad dirigidos a zonas rurales, urbano marginales y de frontera. Cuando estos fondos no se ejecuten, deberán ser destinados a inversión educativa, asegurando su uso efectivo y socialmente responsable.
Incorporación del artículo 116.1: plazos de prescripción en sanciones
Se introduce un artículo que define los plazos de prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora de las autoridades de control, brindando mayor seguridad jurídica y transparencia en los procesos administrativos del sector.
Impacto social y justicia digital
Según los legisladores, esta ley busca beneficiar a más de 1.7 millones de hogares que actualmente carecen de acceso a internet. Se permitirá a las operadoras invertir directamente en infraestructura de redes con autorización de ARCOTEL, reduciendo los tiempos de ejecución de proyectos y facilitando la expansión de la conectividad en el territorio nacional.
